La necesaria adaptación de los colegios de abogados

evolucionLas declaraciones de Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a propósito de la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales se han sucedido estos últimos meses y son varias las publicaciones sectoriales y generalistas que las han reproducido. En suma, el máximo representante de la abogacía defiende, con algunos matices entre las distintas declaraciones, que la existencia de los colegios y la colegiación obligatoria, aspectos cuestionados parcialmente por la futura Ley, son requisitos imprescindibles para la consecución de dos fines: la ordenación (y control) de la profesión y la protección de los usuarios de los servicios profesionales.

Los dos colegios de abogados más importantes en número de colegiados, Madrid y Barcelona, cuentan con un presupuesto –cifras del año 2012- de más de 85 millones de euros el primero (85.274.000) y superior a los 16 millones el segundo (16.242.591,10), de los cuales más de 8 millones (8.500.000) se destinan al pago de salarios de personal en el caso de Madrid y 5 millones (5.535.810,21) en el de Barcelona. Excluida la partida de Justicia Gratuita, que proviene de fondos públicos y que los colegios únicamente se limitan a distribuir entre los abogados del turno de oficio, el gasto de personal supone la partida más elevada del presupuesto. Las cuotas que pagan los abogados constituyen la práctica totalidad de los ingresos de ambos colegios, superando los 42 millones de euros el colegio de Madrid (42.992.000) y los 10 millones el de Barcelona (10.517.404,83).

Los colegios de abogados se organizan, a su vez, en Consejos Autonómicos y sus presidentes, junto con todos los decanos, doce consejeros, el presidente de la Mutualidad General de la Abogacía y el de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, integran el Pleno del Consejo General de la Abogacía. El Consejo está dotado con un presupuesto superior a los 10 millones de euros (10.450.140), destinándose la mayor parte a salarios de personal (2.435.276) y a retribuciones de los órganos de gobierno (1.380.472 euros). Los ingresos provienen en su mayoría de las cuotas que pagan los colegios y en el año 2012 han alcanzado los 8.595.795 euros.

El vasto organigrama colegial y las magnitudes de los presupuestos actuales, que exceden a las de bastantes municipios españoles, señalan una evolución de los colegios hacia entidades con estructuras y funcionamiento semejantes a las administraciones públicas, con las ineficiencias asociadas a esas administraciones –centralización, jerarquía, asignación inadecuada de recursos escasos y prestación de servicios a un precio superior al de otros prestadores del mercado- que explicarían el desafecto de los abogados por sus colegios y del que la escasa participación en la elección de sus representantes es un claro reflejo. En las últimas elecciones, por ejemplo, la participación en el Colegio de Barcelona apenas superó el 18% y en el de Madrid no alcanzó el 14% del censo.

La indiferencia generalizada de los abogados también podría explicarse por la incapacidad de los colegios de adaptarse y cubrir unas necesidades que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los primeros precedentes colegiales de los que tenemos conocimiento se remontan a la antigua Roma y al Medievo, períodos históricos caracterizados por una sociedad altamente estratificada y donde la cohesión de las distintas profesiones entorno a la institución colegial resultaba imprescindible para su defensa y conservación frente a clases sociales más poderosas y beligerantes. El advenimiento del Estado liberal primero y las democracias representativas después, diluyó los estamentos sociales y algunos países de la Europa continental optaron por conservar los colegios y atribuirles legalmente la función original de ordenación y control de la profesión y otra nueva función, paralela al surgimiento de la economía de mercado, como es la protección de los consumidores de servicios legales.

La aparición de Internet y las nuevas tecnologías, como en su momento ocurrió con el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la dilución de las clases sociales, ha cambiado el entorno para el que fueron concebidos los colegios y los ha convertido en instituciones disfuncionales, inadaptadas a las circunstancias actuales. La primera de las funciones, la protección y control de la profesión de abogado, perseguida mediante la exigencia de la colegiación y la obtención de la titulación concreta de licenciado en Derecho, empieza a ser una disfunción cuando en el mercado irrumpen startups –empresas de base tecnológica- lideradas por emprendedores ajenos al sector jurídico, ingenieros, economistas, inversores, etc., capaces de desarrollar algoritmos, sistemas expertos y aplicar la inteligencia artificial a la automatización de tareas legales y a la resolución de casos, o aparecen profesiones, como la de Project Legal Managerque pueden ser desempeñadas perfectamente por profesionales no abogados.

La segunda de las funciones de los colegios, la protección de los consumidores, se fundamenta en el principio de información asimétrica, según el cual el desequilibrio o asimetría de información que existe entre los abogados y los clientes en el momento de contratar el servicio hace que el abogado negocie siempre en una posición de ventaja y consiga un trato favorable en perjuicio del cliente, cobrándole en la mayoría de los casos un precio más elevado. La experiencia diaria, si algo demuestra, es precisamente lo contrario. Internet permite a cualquier consumidor acceder a una cantidad ingente de información jurídica gratuita, comparar las distintas ofertas de servicios y seleccionar la más adecuada, acelerando su curva de aprendizaje y situándolo en una posición de equilibrio respecto al abogado desde el que puede exigir precios cada vez más reducidos.

Actualización (1/8/2013). El periódico Expansión publicaba ayer que el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales podría aprobarse en el Consejo de Ministros de mañana viernes. Al parecer, el texto definitivo suprime la actual incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y procurador, exige la colegiación obligatoria únicamente a los abogados que ejerzan ante los tribunales -frente a los que se dediquen al asesoramiento-, mantiene los aranceles de los procuradores con carácter de máximo, limita el poder de los colegios y les exige mayor transparencia en las cuotas y en sus cuentas.

Actualización (2/8/2013). La edición digital de hoy del periódico ABC afirma que los aranceles de los procuradores no estarán finalmente sometidos a un importe máximo. Por lo demás, coincide con las informaciones que publicaba ayer Expansión. Si se acaba aprobando el texto legal y qué versión, lo sabremos cuando acabe el Consejo de Ministros.

Actualización (3/8/2013). Finalmente, en su sesión de ayer el Consejo de Ministros aprobó este Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. La primera lectura que he hecho esta mañana del texto me ratifica la intuición que hacía tiempo me rondaba: la anunciada supresión de la obligación de colegiación de los abogados que no ejerzan en los tribunales no es tal. O al menos no se desprende claramente del Anteproyecto, que resulta confuso y contradictorio en las distintas disposiciones que regulan las profesiones colegiadas.

Actualización (9/8/2013). He conocido, a través de la sección de actualidad de El Derecho, el comunicado de 5 de agosto emitido por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) en el que expresa su opinión acerca del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. Augura el CGPE, nada menos, que “va a empeorar considerablemente el funcionamiento de la Administración de Justicia retrocediendo a situaciones de hace más de 30 años” y que “podrá causar un daño importante, si no irremediable, para el ciudadano usuario de la justicia en nuestro país”.

4 comments

  1. Guillermo Villa

    Muy interesante esta entrada:
    El sistema de agremiación multinivel -Colegios más Consejo General de la Abogacía- creo que solamente existe en este país ¿ por qué se protyege tanto si solamente nuestro país lo utiliza? Por otro lado, yo agregaría que las tarifas que cobran obligatoriamente los Colegios de Abogados son excesivamente altas para la función que dicen promover, siendo una dificultad sobretodo para los compañeros que recién se inician en la profesión. Lo único que escucho de las altas autoridades del Consejo General de la Abogacía son quejas y más quejas, pero propuestas NINGUNA. Baahhh, claramente buscan proteger su estatus quo. Existe una Asociación de Abogados de Sevilla que propugna que la cuotas de los colegiados no deberían exceder de seis euros mensuales por letrado, ya que es lo que costaría mantener una base de datos de colegiados actualizada y si voluntariamente se quiere mantener otras prestaciones pues a pagar más. Un cordial saludo.

  2. Carlos Valls

    Como sabe mi buen amigo Jordi, con quien ya he comentado esto en otras ocasiones, estoy en absoluto desacuerdo con el mensaje de la supresión de la colegiación obligatoria. Esta responde precisamente a la necesidad de que la deontología y el comportamiento ético de los abogados frente a los clientes, los ciudadanos, sea controlado por los propios abogados, y no por la administración o los jueces. Encuentro también peligroso hablar de las nuevas tecnologías como sustitutivas del servicio profesional de abogado: entre otras objeciones, acabarían concentrándose en unas pocas webs que dominen todo el mercado. Además, admitir que los ordenadores o Internet puedan hacer el trabajo del abogado es rebajar a priori el valor añadido que se ofrece, es considerar como una “commodity” una función que muchas veces no lo es (pero el ciudadano no lo sabe). En el fondo, y de manera inadvertida, lo que se puede provocar con este discurso es un cambio de rentas de una cada clase media, cada vez más castigada, a unos pocos titulares de webs que dominen el mercado de un supuesto asesoramiento automatizado, acelerando la proletarización de la profesión e incluso una importante supresión del número de sus profesionales.

    • Jordi Estalella

      Carlos,
      Agradezco tu comentario, el cual nos da pie a trasladar y extender a la Red las distintas posturas que hemos defendido en nuestros amistosos debates.
      Dices que la deontología (en la que incluyo la ética) es necesario que la controlen los propios abogados y este control justificaría la obligatoriedad de la colegiación. Primero, existen instancias suficientes, administrativas -la Agencia Catalana del Consum en Catalunya-, arbitrales, organismos de mediación y, en última instancia los tribunales, dónde los consumidores pueden acudir y denunciar las actuaciones negligentes y reclamar los perjuicios correspondientes. Segundo, es un contrasentido que quien debe juzgar la actuación de un abogado frente a un cliente sea el propio colegio del que el abogado es miembro: el colegio se erige en juez y parte, confusión que cuestiona la imparcialidad del colegio y que no pasa desapercibida a los consumidores (son populares, en alusión a médicos y abogados, expresiones del tipo: “se tapan entre ellos…”). Tercero, si los colegios estiman necesario controlar a los abogados es porque presumen que es un colectivo, o al menos una facción, propenso a ciertas actuaciones imprudentes o irregulares, presunción que, de admitirse lo anterior, debería también extenderse a las comisiones deontológicas de los colegios encargadas de dictaminar sobre las actuaciones de sus colegiados. ¿Por qué hemos de presumir una virtud más recta a los representantes de los colegios que a aquellos que los eligen?
      Las dinámicas de mercado del mundo virtual no son distintas a las del mundo físico. Afirmar que el mercado acabará concentrándose en unas pocas webs que lo dominarán es tanto como decir que servicios como ebooking o Trivago tienen una posición dominante en el sector hotelero. Más aún: en la muy remota hipótesis de que existieran unos sitios online que “dominaran” el mercado, ese dominio se lo otorgaría el gran número de consumidores que preferiría escoger ese servicio online frente a otros servicios legales ofertados en el mercado (tradicionales o virtuales). En definitiva, los consumidores elegirían ese servicio, y no otro, porque conseguirían un precio inferior, inmediatez, comodidad, etc., es decir, lejos de perjudicarles o resultar peligroso, obtendrían mayores beneficios.
      Lo admitamos o no, la realidad es que la tecnología está automatizando y realizando tareas jurídicas que hasta ahora realizaban exclusivamente los abogados. Pensemos en una tecnología de uso cotidiano, las bases de datos. Antes los abogados pasaban horas consultando grandes tomos de jurisprudencia y legislación. Las bases de datos digitales han mostrado que era un proceso caro e ineficiente y que ahora los abogados, o cualquier persona con algo de práctica, puede acceder y encontrar esos datos en mucho menos tiempo y a un coste diez veces menor. El ahorro de costes que proporciona la aplicación de la tecnología ha de trasladarse necesariamente al precio de los servicios jurídicos. Este es el tipo de acciones que valoran los consumidores, en especial los de rentas bajas y medias.
      Internet y las nuevas tecnologías están provocando la conversión en commodity de muchos de los servicios actuales del mercado legal, y basta mirar lo que ha ocurrido en otros sectores para averiguar que es inevitable. Y qué esto supondrá la exclusión del mercado de aquellos abogados y despachos que no se actualicen e innoven en valor, también es inexorable.

  3. Guillermo Villa

    Nunca la tecnología sustituirá sabiduría y experiencia del abogado en casos complejos, a lo más será un soporte de ayuda para el profesional, lo que sí pone en riesgo son los casos menos complejos, cómo por ejemplo cobro de deudas en procesos monitorios. Los despachos no solamente ganan de cobrar casos complejos también llevan casos simples y cotidianos, pero sí, gracias a la tecnología, estos últimos se deprecian económicamente, inevitablemente los despachos sienten la “mordida” de la tecnología. La adaptación al nuevo medio debe ser inevitable para los despachos, porque “los que se adapten sobrevivirán” (Charles Darwin). Un saludo.

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